Bruselas retrata a Sánchez: rebajó la malversación al gusto de ERC sabiendo que la UE preparaba más penas

Pedro Sánchez aprobó la rebaja del delito de malversación para contentar a sus socios separatistas a sabiendas de que la Comisión Europea preparaba un paquete de medidas anticorrupción con el fin de endurecer las penas. Pese a ello, el presidente socialista no dudó en sacar adelante una reforma que abarató sustancialmente el delito por el que fueron condenados los líderes del 1-O. Ahora, Bruselas prepara una serie de medidas legislativas que implicarán que las condenas por malversación tengan una pena máxima de al menos cinco años, exista lucro o no. Es decir, por encima de lo aprobado por Sánchez para plegarse a sus socios. Se trata de una desautorización de Europa al jefe del Ejecutivo que, precisamente, se amparó en una ficticia «armonización» del delito con la legislación europea para aprobar su reforma.

De hecho, tres meses antes de que el Gobierno plantease la rebaja de la malversación, la Comisión Europea ya advirtió sobre su intención de castigar la corrupción con más firmeza. El 14 de septiembre del año pasado, su presidenta, Ursula von der Leyen, avanzó precisamente en su discurso sobre el estado de la Unión que la Comisión presentaría, en 2023, «medidas para actualizar el marco legislativo de lucha contra la corrupción».

«Si queremos resultar creíbles cuando pedimos a los países candidatos que refuercen sus democracias, también debemos erradicar la corrupción en casa», avisó Von der Leyen. La dirigente comunitaria anunció entonces el objetivo de reforzar las normas aplicables a delitos como el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias y el abuso de poder. La propuesta presentada este miércoles obedece a ese compromiso, afirman fuentes de la Comisión Europea, que reiteran que «representará un hito en la lucha contra la corrupción a escala nacional y de la UE». Bruselas sigue de cerca la evolución de la lucha contra la corrupción en los distintos países mediante sus informes sobre el Estado de Derecho. Una evaluación que Sánchez tendrá que afrontar en plena presidencia de turno de la UE.

Avisos

Hay más. En enero de este año, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ya avisó a España de que la Comisión Europea analizaba si la reforma del Código Penal, sobre todo en lo relativo a la malversación, era coherente con el Derecho comunitario y si suponía un riesgo para «los intereses financieros de la Unión».

Los hechos demuestran, pues, que Sánchez era conocedor de los planes de Europa para endurecer la corrupción. Pese a ello, promovió una reforma que tenía como único fin satisfacer las expectativas de sus aliados separatistas y ganar así su apoyo para mantenerse en La Moncloa. Aunque la propuesta comunitaria tiene aún por delante un camino complejo, se prevé que esté aprobada antes del fin de la legislatura europea, en mayo del año que viene.

Propuesta

La Comisión Europea propone que los delitos de malversación que se cometan en territorios de la UE sean castigados con una pena máxima de al menos cinco años de prisión, un castigo superior a algunos tipos pactados entre el PSOE y ERC. Si sale adelante, por tanto, Europa obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación para volver a elevar las penas recientemente rebajadas.

La reforma aprobada por Sánchez recoge penas de entre uno a cuatro años, por ejemplo, en el caso de los dirigentes separatistas del procés. Con esta pena se castiga a aquel funcionario o autoridad pública que dé al patrimonio público que debe administrar «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado». Incluso, si no se aprecia un daño grave, la pena de cárcel quedaría en una simple multa.

De aprobarse sin cambios la propuesta que planteó Bruselas este miércoles, la pena máxima de cárcel para este tipo de delitos nunca podría ser inferior a cinco años.

En varias ocasiones, Sánchez ha tratado de justificar la polémica reforma en la necesidad de «armonizar» los tipos con el resto de países europeos.

«España se está homologando a países avanzados en esta materia, como Portugal, Francia o Luxemburgo», aseguró en más de una ocasión.

Según el socialista, con su reforma a medida de ERC, España se «homologaba con las principales democracias europeas, en un momento en que la propia Comisión Europea está subrayando la necesidad de que los Estados miembros avancemos hacia una armonización de la legislación europea frente a la corrupción».

Desde el Gobierno tratan ahora de camuflar este revés. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha señalado este jueves que España llega «con los deberes hechos» a la reforma solicitada por Bruselas, pese a suponer una evidente desautorización a lo aprobado por su Ejecutivo.